Congreso Ideológico Nacional – SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

HACIA DÓNDE VA LA DEMOCRACIA CRISTIANA

TEMA 6: SEGURIDAD DE LAS PERSONAS. SENTIDO DE LAS PENAS. PREVENCIÓN DEL DELITO. VOLUNTAD POLÍTICA. PREMIOS Y CASTIGOS. NARCOTRÁFICO.

En materia de Seguridad, la Argentina necesita no solo la reforma de muchas de sus leyes esenciales, sino la redacción de un nuevo Código Penal entre otras normas de fondo, pero ante todo necesita cumplir las leyes que se tienen, especialmente la Constitución Nacional, la que pareciera olvidada en la práctica y solo traida a la realidad como floreos en discursos políticos de barricada.

Las leyes son producto de las necesidades, reclamos y costumbres de una sociedad, no surgen como respuesta a una reunión de intelectuales y eruditos. En el caso argentino la inseguridad personal, la jurídica y la corrupción podrían considerarse como uno de los males primeros que impiden el crecimiento y la felicidad de nuestro Pueblo. Cualquier norma que vaya a conta pelo de esto, no hay duda que es una ley que debe ser aborrecida y descartada.

No puede haber anteproyecto de reforma ni nuevo código penal si no hay voluntad política de terminar con la inseguridad y la corrupción poniendo coto al avance de los delitos en nuestro País. No hay política de premios y castigos. La educación está en un tobogán descendente y las fuerzas de seguridad atadas de pies y manos; las cárceles y centros de rehabilitación atestados y muchos, como los centros de rehabilitación de adicciones como establece la ley 23.737, no existen o son altamente deficientes y precarios.

Teniendo la certeza de la necesidad de un nuevo Código Penal, es necesario establecer una escala de valores que defenderá y protegerá esta norma de fondo, como así hacer realidad el verdadero sentido resocializador de las penas que está consagrado en nuestra Carta Magna. es así, que debemos empezar por la protección, promoción y garantía de la vida y honor de las personas; la lucha contra la corrupción en todos los ámbitos públicos y privados; el resguardo de la democracia, la fe pública y las libertades individuales; la protección de los bienes. Si ello es lo que la mayoría del Pueblo estima adecuado, no pueden bajarse las penas de delitos que atenten contra la vida, y los que se relacionan con la trata de personas, el narcotráfico, la corrupción, entre otros.

Entendemos que de nada sirve que la ley cumpla su rol cuando la persona fue vulnerada por el delito, la ley debe llegar antes para evitar esa situación que en todos los casos, por mínimo que sea el delito, termina siendo traumático.

Es esencial hacer real y efectivo el ideario de la Constitución Nacional, con una clara y expresa voluntad política para defender la seguridad y la paz social. Una sociedad con premios y castigos donde la pobreza no se criminalice, y las penas tengan sentido reparador y resocializador, evitando la comisión de los delitos a través de políticas activas preventivas del Estado Nacional, y los estados provinciales y municipales. La sociedad toda tiene clara responsabilidad por el aumento de los delitos, pero esa responsabilidad no puede ser fundamento de la aceptación del mismo en perjuicio de la comunidad toda, sino que tiene que ser el puntapié inicial para terminar con la corrupción, los privilegios, la marginalidad y la pobreza, todo ello, sobre bases de justicia, respeto a la persona humana y cumplimiento de la ley.

Se deben definir políticas de seguridad adaptadas a los cambios sociales de la actualidad. Por ello, afirmamos que debe ubicarse a la seguridad en el centro de los derechos humanos.

Preparar al estado para enfrentar la nueva criminalidad derivada del uso de las actuales tecnologías tales como la ciber criminalidad.

Abordar el tratamiento de la protección del medio ambiente, y las acciones y omisiones que pueden configurar delitos que afecten directamente al mismo.

Es esencial combatir la corrupción, ya que, si esta se profundiza, todas las acciones positivas del Estado serán insuficientes. Por ello, es fundamental la creación de una comisión Bicameral de Lucha contra la Corrupción, en el seno del Congreso de la Nación, con participación de las Organizaciones No Gubernamentales cuyo objeto sea combatir la corrupción, y con facultad de investigar los últimos 20 años de la gestión del Gobierno Nacional.

Abordar la temática del flagelo del Narcotráfico, con políticas activas que involucren a todos los sectores y órbitas de Gobierno del Estado Federal, creando a su vez planes de reinserción social, familiar y laboral de las personas recuperadas de las adicciones.

Repudiamos enérgicamente la violencia de género, por ser atentatoria a la dignidad de la persona humana en su faz más nefasta y brutal.

Entendemos a la trata de personas como delito de lesa humanidad, y es por ello, que el Estado debe poner a disposición del Poder Judicial todos los recursos disponibles creando unidades especiales de investigación, por un lado, y de protección, contención y reinserción a la vida en sociedad y en libertad de las víctimas. Como, así también, poder obtener la condena de aquellos que utilizan, consienten y explotan sexualmente a las personas en todo el territorio nacional, procurando la colaboración internacional para lograr coordinar esfuerzos y cooperación entre los países para atacar el flagelo de la trata de personas en toda la Región. 

Documento Final Congreso Ideológico 2014

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